| 50.000 inmigrantes realizan labores de vigilancia en empresas de seguridad de manera ilegal |
Según denuncian los sindicatos, las compañías incumplen la ley que establece que sólo los españoles o europeos pueden trabajar como vigilantes de seguridad y los camuflan de auxiliares
Un total de 50.000 inmigrantes realizan labores de vigilancia en empresas privadas de manera ilegal, según denuncian los sindicatos del sector. La legislación española exige que para ser vigilante de seguridad es necesario tener la nacionalidad española o de algún otro país de la UE. Pero, ante la acuciante falta de mano de obra, las empresas de seguridad han creado la figura del auxiliar, un puesto que no está regulado ni sometido a control.
En ocasiones, los auxiliares hacen meras labores de conserje, pero, muchas otras veces, llevan un uniforme similar al del vigilante, realizan funciones de seguridad y portan incluso defensa y esposas. Además, estos auxiliares no han realizado el curso de habilitación de 180 horas necesario para ser vigilante y tampoco se les ha comprobado los antecedentes penales.«Estamos colocando a personal extranjero no cualificado en centros oficiales. Este personal que pasa 12 horas solo durante la noche puede acceder a datos de Industria, obtener información sensible del Estado y vaciar el contenido de los ordenadores sin haber estado sujeto a ningún control ni examen», afirma el presidente de la Asociación Española de Escoltas, Vicente de la Cruz.
Para crear una empresa de seguridad es necesario contar con el visto bueno del Ministerio del Interior, el personal tiene que estar autorizado, debe realizar un curso, pasar por unos exámenes y contar con licencia de armas. Sin embargo, muchas compañías de seguridad están creando en paralelo empresas de servicios, que no requieren ninguna de estas obligaciones.
El responsable de Seguridad Privada de Comisiones Obreras, Javier Torrejón, pone como ejemplo que, para la vigilancia nocturna, muchas fábricas o constructoras están contratando empresas de servicios, en lugar de las de seguridad, lo que les resulta mucho más barato.
«A veces, las compañías mandan a los clientes personas uniformadas, que van camuflados como vigilantes, pero en realidad no lo son. Ni tienen formación ni poseen idea alguna de la normativa. Es una irregularidad porque ninguna persona que no esté habilitada por Interior puede realizar labores de seguridad», asegura De la Cruz.
Desde la patronal del sector, Aproser, informan de que necesitan 21.000 trabajadores para cubrir la demanda y exigen una reforma urgente de la Ley de Seguridad Privada. «La norma nos impide contratar a inmigrantes latinoamericanos. Esta situación está provocando que disminuya la rentabilidad de las empresas y que empeore la calidad del servicio porque tenemos poca capacidad de selección de personal», manifiesta un portavoz de la patronal.
Aproser, que engloba a 17 empresas que representan al 80% del sector, niega que sus compañías estén cometiendo irregularidades en la contratación de inmigrantes, aunque reconocen que realizan una interpretación de la ley favorable a sus intereses. Además, ponen como ejemplo la entrada de latinoamericanos en el Ejército, donde los extranjeros ya suponen el 5% de la tropa. Sin embargo, para la Asociación Española de Escoltas este caso no es válido, ya que en el Ejército se trabaja con una disciplina y es díficil que una persona se salga del grupo, lo que no sucede con los vigilantes.
La formación catalana CiU ha llevado el tema al Congreso y ha presentado dos proposiciones no de ley para que se permita la entrada de inmigrantes en las empresas de seguridad privada y para que se agilicen los trámites burocráticos de las habilitaciones. En el texto señala que la falta de personal está provocando el intrusismo de empresas de seguridad que no cumplen la norma y que los vigilantes se ven obligados a realizar más horas extras.
La patronal Aproser pide un cambio urgente de la norma ¿Por qué cada vez hay menos españoles trabajando como vigilantes de seguridad? Las razones son variadas: desde los duros y extensos horarios -que incluyen noches y festivos- hasta los bajos salarios o el largo proceso de formación que se prolonga durante cinco meses.
La patronal Aproser considera que la solución a los problemas del sector pasa por cambiar la ley y se queja que desde que un ciudadano quiere ser vigilante hasta que logra la formación y se examina de las pruebas que convoca Interior transcurren cinco meses. Por este motivo, muchos empleados prefieren irse a la hostelería o la construcción. En el sector trabajan 800 empresas autorizadas, que facturan 3.000 millones de euros anuales.
En el otro extremo, CCOO y UGT acusan a las compañías de aprovechar la llegada de trabajadores extranjeros para empeorar las condiciones laborales y bajar los salarios. Es el caso de F. N., español de origen camerunés, que estaba empleado en la empresa Securitas como auxiliar de seguridad en la T-4 del aeropuerto de Barajas.
Este joven de 19 años, que no se atreve a desvelar su identidad, afirma que en 2007 comenzaron a traer empleados del Este, con lo que los salarios descendieron más: «Cobraba 700 euros al mes, pero con la llegada de rumanos nos quitaron el plus del aeropuerto, que eran 80 euros. Como nos empezamos a quejar, nos acabaron echando», se lamenta.
Otra de las incógnitas es por qué el Gobierno se resiste a modificar la Ley de Seguridad Privada. Según informaron fuentes de la negociación, el recelo de Interior se debe a que desconfía de la autenticidad de los certificados de antecedentes penales de los inmigrantes en sus países.Fuente "El Mundo"
