La necesidad de cubrir a nuevos colectivos exige un aumento del gasto en seguridad
La organización terrorista ETA lanzó ayer en Bilbao dos mensajes muy claros: que mantiene su intención de asesinar y que extiende de forma directa su amenaza a todo el colectivo de escoltas que presta su labor protegiendo a los colectivos amenazados. A pesar de que colocó una bomba lapa en el vehículo del escolta Gabriel Ginés, éste logró no sólo salvar la vida, sino salir por su propio pie del lugar del atentado. Este profesional, de 37 años, natural de Zaragoza, sufrió quemaduras en el 4 por ciento de su cuerpo, principalmente en cara y manos, por lo que fue ingresado en el Hospital de Cruces, sin que se tema por su vida.
El atentado se produjo pasadas las 13:25 horas y dada la magnitud de la explosión y del incendio que se desencadenó en el coche y que se extendió a otros dos vehículos próximos resulta sorprendente que el escolta haya salvado su vida. ETA colocó una bomba en su vehículo, que se encontraba aparcado en las proximidades de su domicilio particular y en un día en que estaba fuera de servicio. Todo ello, no deja lugar a dudas de que su objetivo era Gabriel Ginés, y no el concejal del Ayuntamiento del Galdakano, Juan Carlos Domingo Galindez, del Partido Socialista, a quien prestaba sus servicios de seguridad.
De esta forma, los escoltas pasan a integrarse en la larga lista de colectivos amenazados por la organización terrorista ETA: políticos, empresarios, jueces, periodistas, agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado, etc.
Mantener la vigilancia
La amenaza terrorista hace que en España deban llevar escolta más de 2.000 personas, principalmente en el País Vasco y Navarra, aunque la amenaza se extiende a todo el territorio español. De esta forma, el colectivo de seguridad y escoltas reúne ya a más de 5.000 profesionales, cifra que se ha incrementado en un 42 por ciento en el último año al haber transcurrido unas elecciones locales que han hecho que muchos concejales salientes deban mantener las medidas de seguridad y otros tantos que han accedido a la condición de tal, hayan de incorporar los escoltas a su vida diaria.Datos de la Asociación Española de Escoltas cifran en 2.500 los profesionales que prestan sus servicios en el País Vasco, otros 1.100 lo hacen en Navarra, otros 1.100 en Madrid efectivos y los 300 restantes en otras comunidades autónomas.
A estas cifras hay que sumar los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado que desarrollan funciones similares. El coste inicial de los servicios privados de seguridad de las arcas públicas para este año fue presupuestado en 152 millones de euros, cifra que se verá incrementada por la necesidad de proteger a nuevos colectivos y que para el año 2008 deberá igualmente crecer.
Estos gastos son sufragados por el Gobierno central y el Ejecutivo vasco, y en los mismos no se incluye el coste que suponen los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Medidas de autoprotección
El colectivo de escoltas lleva meses reclamando que se le permita intensificar sus medidas de autoprotección, ya que se han producido algunas amenazas contra ellos, al igual que hiciera ETA contra la Policía Autónoma Vasca y los otros cuerpos policiales.Así, tras la ruptura de la tregua de ETA, la Asociación Española de Escoltas reclamó que se les permitiera llevar sus armas para autoprotección a pesar de que estuviesen fuera de servicio. A diferencia de los cuerpos policiales, que sí están autorizados, los escoltas han de depositarlas en armerías habilitadas. Tras el atentado de Bilbao, el presidente de la Asociación de Escoltas, Vicente de la Cruz, indicó que entre este colectivo "la reacción ha sido muy positiva. El ánimo está alto. No pensamos abandonar y seguiremos haciendo nuestro trabajo lo mejor que podamos". De la Cruz descarta que vayan a solicitar medidas adicionales de
autoprotección, pero sí insistirán en su reclamación de portar pistola.
